Un fallo proferido por la Sección 4ª del Consejo de Estado, ratificó la decisión del Tribunal Administrativo del Meta, en cuanto a dar vía libre a la consulta popular minera en el municipio de la Macarena en el Departamento del Meta, agregando que los municipios tienen la obligación de realizar consultas populares mineras.
Florencia. El reciente fallo proferido por la Sección 4ª del Consejo de Estado cae como anillo al dedo al departamento del Caquetá, en donde la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, acaba de autorizar la exploración petrolera en los municipios de Florencia, Morelia, Valparaíso y Milán, poniendo en grave riesgo todo el ecosistema de esa región que comprende los ríos Bodoquero, Pescado, Sarabando, San Juan, Orteguaza, Caquetá y sus innumerables afluentes.
A lo anterior se suma la lucha de la comunidad del Doncello, en la cual uno de sus líderes Carlos Mora, viene impulsando una consulta popular que ya fue aprobada y que busca que la comunidad se pronuncie sobre la explotación petrolera en ese municipio del norte del Caquetá.
El fallo fue el resultado de la negación de una tutela presentada por el Ministerio de Minas y Energía, fallo en el cual la sección cuarta del Consejo de Estado determinó “que los municipios no solo tienen competencia sino la obligación de realizar consultas populares”.
El fallo agrega “incluyendo los minero-energéticos amenacen con crear cambios significativos del uso del suelo que de lugar a una transformación de las actividades tradicionales del ente territorial”.
Y precisamente eso es lo que sucederá si se permite la instalación de las 10 plataformas petroleras en los municipios anteriormente enunciados, las cuales necesariamente necesitarán para los 50 pozos proyectados inicialmente 33.800 millones de litros de agua, una cantidad descomunal que necesariamente pondrá en peligro toda esa zona hídrica del Sur del Caquetá, afectando seriamente todo el ecosistema amazónico; eso sin anotar los 6.000 litros que necesita cada pozo para su funcionamiento.
El fallo del Consejo de Estado es claro, obliga a los alcaldes a realizar las consultas populares, en este caso a los alcaldes de Florencia, Morelia, Valparaíso y Milán en los cuales la ANLA autorizó las licencias de exploración, además del Doncello donde la consulta está muy adelantada.
El fallo explica que las consultas populares sobre materias minero energéticas “son viables porque son una expresión de la democracia participativa” que permite a los ciudadanos tomar decisiones en temas “de trascendencia local como lo es la destinación del territorio a la industria minero-energética”.
Por último el fallo indica que “Las entidades locales conocen de manera directa y con un alto grado de proximidad las necesidades de su comunidad, por lo que la autonomía territorial tiene un nexo directo con la democracia. […] El mecanismo de la consulta popular es una instancia característica de la democracia participativa, que busca legitimar planes y proyectos en aspectos que de manera directa inciden en el espacio local y más próximo de los ciudadanos”.
Así las cosas los alcaldes de todo el país en general y del Caquetá en particular, tienen la obligación de cumplir con el fallo proferido por el Consejo de Estado, fallo que se convierte en la tabla salvavidas del ecosistema amazónico que se vería terriblemente vulnerado si prospera la exploración y explotación petrolera que se pretende en su territorio.