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Fallo de tutela deja maniatada a la administración de Florencia para la recuperación del espacio público
Florencia. Un fallo de tutela proferido por la Juez Primera de Familia obliga a la administración municipal de Florencia, a reubicar en 48 horas o a darles los permisos correspondientes para trabajar, a los vendedores de comidas rápidas que fueron desalojados en días pasados del parque Santander y algunas calles aledañas al centro de la ciudad, en una campaña de la secretaría de gobierno municipal tendiente a recuperar el espacio público, tal como lo ordena la Ley y como reiteradamente lo venían solicitando los comerciantes legalmente constituidos.
Como es apenas lógico, el secretario de Gobierno Municipal Andrés Ricardo Álvarez Cuéllar se mostró contrariado, dijo que era lamentable e impugnó el fallo y a pesar de que aclaró que era respetuoso de la Ley y de que acataría la decisión final que se tomara al respecto, dijo que no la compartía porque para tomar la decisión, no se tuvieron en cuenta los argumentos presentados por la administración municipal.
Según el funcionario, no se tuvieron en cuenta aspectos como el tema ambiental, el de la salubridad relacionado con la preparación de los alimentos y el mal manejo de los residuos sólidos, incluso con la afectación a la movilidad al restringir el paso por sitios que son del público en general.
Una cosa es la informalidad y otra cosa es la legalidad a través de la actividad mercantil que se realiza, dijo el secretario, quien agregó que el fallo está muy mal fundamentado porque toma aspectos tales como la confianza legítima, el mínimo vital, el derecho al trabajo, doctrinas que cobijan a los vendedores informales, pero estas personas están registradas como comerciantes porque pagan registro mercantil, pagan impuestos, pero incumplen con las normas ambientales porque no tienen plan de manejo de residuos sólidos, no tienen una adecuada manipulación de los alimentos, no tienen elementos para el lavado de los ustensilios, no tienen baños y con la ocupación del espacio público está afectando la movilidad de los florencianos; aquí primó el derecho de unas pocas familias sobre el derecho general que tiene toda la comunidad.
Para completar las cosas, dos de los vendedores de comidas rápidas presentaron permisos sin caducidad expedidos en administraciones anteriores por los secretarios de gobierno de esas épocas, Germán Medina Triviño y Gustavo Ortega Castro respectivamente, permisos que dichos comerciamntes esgrimen cada vez que se realizan operativos. Copia de los mismos publicamos con la presente nota, con el fin de que la comunidad se tome una idea más clara de lo complejo de la situación.
El fallo deja en el limbo las campañas de recuperación del espacio público y puede resultar lesivo para la ciudad, toda vez que basadas en el mismo, muchas personas se creerían con el derecho a montar esta clase de negocios, afectando aún más el espacio público y dificultando al máximo su recuperación.
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